21/01/2023

IAPV prorroga hasta el 31 de marzo la cancelación anticipada de cuotas de viviendas sociales

El gobierno entrerriano, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), prorroga hasta el 31 de marzo la cancelación anticipada de cuotas para los adjudicatarios de unidades habitacionales que abonen un monto menor o igual a 6.000 pesos por mes.
 

 

 
IAPV prorroga hasta el 31 de marzo la cancelación anticipada de cuotas de viviendas sociales

Hasta la fecha, más de 160 familias de diferentes localidades abonaron totalmente su vivienda.

Al respecto, el presidente de IAPV, Marcelo Bisogni dijo que “en virtud de los resultados obtenidos en cuanto a la cantidad de cancelaciones que se han realizado, como así también  las solicitudes efectuadas para acceder al sistema por parte de numerosos adjudicatarios, se decidió  prorrogar el sistema por dos meses más para quienes deseen abonar sus cuotas de forma anticipada”.

El funcionario señaló que “unas 165 familias saldaron las cuotas de sus casas y que por ese concepto ingresaron   al organismo más de 7,6  millones de pesos". Bisogni agregó que “la adhesión se efectúa de manera online, a través de la página web del IAPV, a efectos de una implementación más ágil y dinámica".

La puesta en marcha de este sistema, tiene como objeto proceder a la entrega definitiva de viviendas con sus respectivas escrituras traslativas de dominio, la reducción en los costos de escrituración y de administración y cobranza, sumado a una mayor eficiencia en el manejo de la base de datos.

Características

La Cancelación Anticipada de Deuda, involucra a los titulares de viviendas sociales cuya cuota mensual es inferior o igual a 6.000 pesos. Se aplica un 20 por ciento de descuento, para los adherentes que estén al día con el pago al 30 de septiembre de 2022 y de un 12 por ciento, para los adjudicatarios con deuda vencida. Los saldos adeudados podrán cancelarse hasta en dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas sin interés.

Quedan exceptuados quienes tengan menos de 60 facturas emitidas, tengan alguna irregularidad ocupacional o se encuentren en proceso judicial por o contra el Instituto. 

 

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